- Lo que suceda en el Istmo va a depender de la apuesta que hagamos como nación en materia de sustentabilidad y equidad social.
- ¿Mantenemos los procesos sucios y las anomias sociales o promovemos la sustentabilidad del campo, las industrias limpias y la vida en comunidad con calidad y justicia social?
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, el límite máximo de CO2 emitido globalmente a la atmósfera debe ser de 400 gigatoneladas, si deseamos cumplir con la meta de aumentar sólo en 1.5 grados la temperatura del planeta en siete años (2030). Ya de por sí, ese incremento significará convivir con terribles desastres naturales; pero de no lograrlo, sería catastrófico para todos. La manera más efectiva de aminorar el crecimiento del calentamiento global es migrando de la producción energética e industrial y del transporte basados en la combustión de fósiles hacia el uso de energía renovable. La industria global de las refinerías es la tercera fuente “estacionaria” más grande de producción del efecto invernadero en la atmósfera, además de que emite metales tóxicos y gases contaminantes como óxidos de nitrógeno y sulfuro, benceno, metano, etc. Ante la amenaza real de la crisis climática, líderes visionarios del mundo, guiados por una perspectiva de largo plazo, han estado invirtiendo en fuentes de energía limpia y promoviendo la investigación de nuevas tecnologías, procesos y soluciones amigables con la gente y la naturaleza. Aunque México cuenta con algunas de esas mentes privilegiadas, nuestro país debe actuar de manera mucho más decidida en el monitoreo sistemático de las industrias actuales y en la aplicación de soluciones limpias y socialmente responsables.
Hoy en día es posible determinar el grado de contribución o afectación de cada refinería petrolera (mediante su grado de reducción o aumento de emisiones contaminantes), con el fin de aplicar las inminentes politicas y medidas que nos conduzcan, en tan sólo 26 años, a la emisión cero de carbono (2050). Esto significará la modificación de los incentivos fiscales de cada país y de las políticas globales de las aseguradoras, la banca y las agencias certificadoras. Aunque las corporaciones petroleras trasnacionales están invirtiendo en el desarrollo de fuentes energéticas renovables, siguen aún expandiendo su producción de hidrocarburos, buscando acrecentar sus inmensas ganancias financieras de corto plazo. Esto es contrario al hecho de que la inversión global en fuentes limpias de producción energética ya superó a la destinada a energías fósiles (1.7 billones en las primeras versus 1 billón en la industria de hidrocarburos). También va en contra de lo que la Agencia Internacional de Energía pronostica, que de mantenerse la tendencia actual de inversión en fuentes energéticas limpias, será posible la reducción de carbono en la atmósfera en un 33% para el 2030 y de emisión cero para el 2050. Tal expectativa mundial asegura que las grandes petroleras sean objeto de un escrutinio mayor y de demandas por las afectaciones que produzcan en comunidades cada vez mejor monitoreadas.
Ante tal panorama, CFE y PEMEX deben ser mucho más proactivos para invertir con otros aliados en la expansión de fuentes energéticas limpias. Ya se ha comentado sobre el inmenso potencial del uso de energía eólica, solar o de otros tipos para que mediante la electrólisis, se obtenga hidrógeno que junto con carbono capturado, hagan factible la producción de combustibles verdes para los actuales vehículos de combustión. A lo anterior, habrá que sumar sistemas eficientes y limpios de transporte público cuyo costo-beneficio desaliente el uso cotidiano de vehículos particulares. He ahí una enorme oportunidad para el Istmo de Tehuantepec, cuyas condiciones naturales son propicias para albergar proyectos como la industria automotriz eléctrica, la industria digital y de semiconductores, la farmacéutica, la agroindustria, o las del vestido, calzado y muebles. Sin embargo, para hacer realidad tales iniciativas, es indispensable asegurar el estricto cumplimiento de las nuevas normas de responsabilidad social descritas a lo largo de esta serie de artículos. Más puntualmente, habría que atender lo que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha identificado como desafíos en los estados del sur de México para atraer empresas en el marco actual del “nearshoring”, siendo Guerrero, Oaxaca y Veracruz los menos competitivos. Las principales razones de su desventaja son la falta de fuerza laboral calificada, la existencia de políticas laborales débiles, la ausencia de servicios públicos elementales, incluyendo el de la vivienda, y los altos costos de la energía eléctrica. A pesar de ser la región del país con mayor cantidad de agua, su infraestructura hidráulica es muy limitada; como también es el caso de su insuficiente oferta de energía, vías de comunicación, cumplimiento de leyes y normas, rendición de cuentas, conectividad y participación digital, gobierno electrónico, además de los conocidos problemas de inseguridad.
Es evidente que la primera etapa de operación del Corredor Transístmico (CT) se oriente a la movilización de contenedores, a partir de la próxima infraestructura ferroviaria y portuaria de Coatzacoalcos y Salinas Cruz. Su funcionamiento ordenado y eficiente dependerá de que sus sistemas de transportación multimodal cumplan con medidas de última generación en materia de control ambiental, telecomunicaciones, automatización, cadenas de bloques, seguridad, gestión integral en tiempo real y, en consecuencia, que el personal a cargo de tales procesos cuente con la debida calificación. Las empresas que utilicen tales servicios habrán de ponderar el costo-beneficio del CT, en comparación con el del Canal de Panamá. Debido al inmenso tráfico interoceánico comercial entre el Atlántico y el Pacífico, es fundamental cuidar rigurosamente su funcionamiento gradual para que no se convierta en zona de descontrol y catástrofes.
Y deberemos estar atentos a que, conforme el CT desarrolle las condiciones y criterios identificados por el IMCO, exija a las empresas que ahí se establezcan el cumplimiento irrestricto de las actuales normas de responsabilidad social basadas en la sustentabilidad del territorio, en la calidad de vida de sus empleados y en el desarrollo integral de las comunidades aledañas. Lo que no es admisible es que el proyecto del CT ponga en jaque a la estratégica región del Istmo de Tehuantepec por decisiones improvisadas de las autoridades responsables de su operación, la ambición económica del gran capital, la visión política cortoplacista y, menos, por quienes busquen lucrar con la aprobación de industrias sucias orientadas a la ganancia fácil, en detrimento de la gente y la naturaleza. (Continuará).
